El Gobierno de Lucio Gutiérrez, dando cumplimiento a su compromiso con el FMI de reducir el personal del sector público y congelar sus remuneraciones, ha presentado al Congreso un Proyecto legislativo de urgencia económica que incluye una nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, adjuntándole un cuerpo normativo de Unificación y Homologación de remuneraciones para el Sector Público. Como salta a la vista, tratase en realidad de dos materias diferentes: la regulación de relaciones con los empleados públicos, sus derechos y obligaciones, y, una política remunerativa que abarcaría tanto a estos como a los obreros de las empresas mixtas, lo cual contraria la disposición del artículo 148 de la Constitución acerca del contenido de los proyectos de ley que deben limitarse a una sola materia.

El proyecto contiene dos libros, cada uno de los cuales abarca ámbitos regulatorios distintos, sujetos a normatividades diferentes como se precisa en el inciso 9, del artículo 35 de la Constitución. Restinge además, la autonomía política de los organismos seccionales y la administrativa de las instituciones públicas, garantizadas por los artículos 228 y 119 de la norma suprema, con la finalidad de imponer topes a la revisión de remuneraciones en la contratación colectiva, interfiriendo en su eficacia de una manera arbitraria y unilateral, y de limitar el pago de las indemnizaciones con que se sancionan los casos que pudieren producirse de despidos ilícitos en el sector público, violentando así al espíritu y la letra de instituciones legítimas de nuestro orden constitucional y legal.

Por lo expuesto demandamos que el Congreso Nacional, en uso de la atribución que le confiere el artículo 152 de la Constitución deniegue el proyecto que, además, no se encuentra dentro de ninguna de las definiciones que para ser calificada de orgánica o de complementaria, enumera taxativamente el artículo 142 de la Constitución.

Frente a tamañas violaciones, no cabe sino que se deniegue el proyecto en el segundo debate, sin considerar las observaciones formuladas por la Comisión de lo Laboral y Social, ya que existe una situación de violación de derechos constitucionales y de procedimientos legislativos, cuya salvaguarda le corresponde al Congreso en su calidad de órgano representativo de la soberanía.

Asimismo, demandamos que el Tribunal Constitucional suspenda con carácter de nulitación al artículo 8 del Decreto Ejecutivo 44 del 22 de enero del 2003 en el cual, con similares justificativos, el gobierno congela las alzas remunerativas del sector público durante el presente año y asume inconstitucionalmente la atribución del CONAREM para fijar aumentos de remuneración.

Los trabajadores no permaneceremos indiferentes ante la vulneración de nuestros derechos y la agresión contra nuestros legítimos intereses que han acordado el gobierno y el FMI para transferir recursos a favor de los banqueros y de los acreedores internacionales. Demandamos la reorganización de los Ministerios de Trabajo y de Energía y Minas, el reingreso de los dirigentes de PETROECUADOR removidos por ilícitos vistos buenos, y la reorientación total del Ministerio de Economía liberándolo de la tutela del FMI para convertirlo en eje de un plan estratégico de reactivación y desarrollo e integración latinoamericana.

Renovamos nuestro compromiso de luchar por alcanzar la soberanía, una democracia auténticamente participativa al servicio del pueblo y el bienestar social, reforzando nuestra alianza con los movimientos sociales, campesino e indígena, cuyas propuestas y reivindicaciones respaldamos y compartimos, e invitamos al pueblo, a los sectores patrióticos, a alcanzar un estado democrático en sus componentes, pluricultural, multiétnico y descentralizado en su gestión.

Quito DM,24 de Septiembre de 2003